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31.03.09 Immigració

Otra vez la Inmigración Andaluza en la palestra

ACN ‘L’ascensor’ relata l’arribada al poder de la ‘vella immigració’ a Catalunya

AVUI+ L’ascensor català

El Periodico L’ascensor de l’immigrant

La reciente publicación del libro “L’ascensor, l’arribada al poder dels altres catalans”, vuelve a colocar a la inmigración andaluza del pasado siglo en el punto de mira de lo que hoy es Catalunya. Los capítulos “La Federació del Gran Poder”, páginas 91 a 103, dedicado a la FECAC y a su presidente, y “El futur”, páginas 231 a 240, son significativos.

Sobre “La Federació del Gran Poder”, páginas 91 a 103

Sorprende que no aparezcan los hechos del año 1998 cuando el Parlamento de Cataluña reformó la Ley de Normalización Lingüística de 1983 y aprobó la ley actual de Política Lingüística. En aquella época, el presidente de la FECAC amenazó con la recogida de un millón de firmas pidiendo la retirada de la ley y prohibió el acceso a la Feria de Abril (Can Zam, Santa Coloma de Gramenet, 1998) a quien entonces era Consejero de Cultura, Joan Maria Pujals. Si este posicionamiento no es hacer política y crear problemas a la tan venerada cohesión social catalana que Jesús del Gran Poder nos lo aclare.

También y sin pudor, el responsable de la “federación andaluza” vuelve a hablar en nombre y como representante de 845.000 andaluces instalados en Cataluña, sin haberse sometido a proceso electoral alguno y sin que las urnas lo validaran. En Cataluña, excepto en las elecciones al Parlament de 1980, que el Partido Socialista Andaluz obtuvo dos diputados, en ninguna contienda electoral posterior se ha presentado candidatura con intención de dividir al pueblo catalán en función del origen de sus habitantes.

Otro aspecto del libro que cojea, y mucho, es la arrogancia de García Prieto cuando asegura que su dedicación a la integración de los andaluces que viven en Cataluña haya sido clave para la convivencia de nuestro país. Indica que un 75% de andaluces integrados lo son gracias a su entrega a la causa. Si esto fuera cierto, ni partidos políticos ni sindicatos ni organizaciones empresariales ni asociaciones de vecinos ni fundaciones sociales y culturales ni escuelas ni institutos ni universidades ni ayuntamientos ni sociedad civil ni Parlamento de Cataluña ni Gobierno de la Generalitat ni medios de comunicación ni colegios profesionales ni agrupaciones de todo tipo, habrían hecho nada para mantener la cohesión social. En Cataluña nos hemos entendido gracias a la excelsa voluntad de una única persona, el presidente de la FECAC. ¡Qué perversión y qué mentira!

Tampoco aparece, ni se menciona, a la FAC (Federación Andaluza de Comunidades), presidida por Miguel Montaño y que aglutina a unas 30 entidades de “carácter andaluz” en Cataluña. Debe ser porque la minoritaria no tiene poder y por tanto aplicándole el silencio todos contentos.

En ningún momento los autores del libro preguntan a García Prieto la cifra de entidades adheridas a la FECAC (alrededor de 70) y la cantidad de socios. La suma daría el total de personas que representaría la federación del gran poder, y con un matiz importante: la agrupación es de ámbito cultural y no político. Tirando largo, el número de afiliados a las  entidades federadas no llegaría a 10.000 y con una media de edad bastante alta.

Sorprende que cuando interviene en el libro Josep Maria Sala, secretario de formación del PSC y gran defensor de la federación de García Prieto, cuente entre 20 y 25 agrupaciones participantes en la Feria de Abril de Cataluña y no haga referencia a por qué la mayoría se queda en casa.

“L’ascensor, l’arribada al poder del altres catalans”, de Andreu Farràs y Pere Cullell, contiene perlas de calado. Por ejemplo: Barberà del Vallés, principios de los noventa, necesidad de cinco millones de pesetas para poder continuar la Feria y la rápida solución del problema a través de una llamada telefónica al entonces president de la Generalitat, Jordi Pujol. Con una rapidez fuera de lo común aparecen dos mossos de escuadra acompañando a Joaquim Pujol Figa, secretario general de Presidencia y efectúan la entrega del dinero. Asimismo se da cuenta de la participación del 10% que Francisco García Prieto tenía en la cadena de supermercados Bonpreu. Cuando uno apuesta por la causa integradora si lo liga al mundo de los negocios sale más rentable. Si los autores del libro hubieran querido saber las empresas en que “el salvador andaluz” tiene acciones, probablemente certificarían que la faceta más sobresaliente del “gran integrador”, es la empresarial. Actividad tan digna como otras, legítima y de importancia vital para el buen tejer de la sociedad catalana.

La cuestión más inquietante de todo el capítulo es el tono populista que desprenden las proclamas del presidente de la FECAC, su apelación a los sentimientos del pueblo, la forma en que “perdona la vida” y bendice a los políticos que según él sí han comprendido el trabajo de cohesión de la “federación andaluza” y la permanente exaltación del alma popular.

Respecto al capítulo “El futur”, páginas 231 – 240

Junto a opiniones tan atinadas como las de la demógrafa Anna Cabré y las del editor Ricardo Rodrigo, aparecen otras  preocupantes como las de Josep Maria Sala, secretario de formación del PSC y nuevamente las de Francisco García Prieto.

De Sala nos conmueve una frase que apunta a que los partidos políticos, en relación a la emigración actual, se han de dedicar a “ayudar a crear organizaciones alrededor de estos colectivos”. La justificación, según Sala, es que hay que volver a repetir lo que se había hecho con la inmigración de los años sesenta y setenta.

Las afirmaciones de Josep Maria Sala merecen matizarse. No creo necesario que los partidos políticos, impulsen, promuevan o ayuden a crear asociaciones en función del origen de las personas. Si así lo hicieren, en poco tiempo aparecerán agrupaciones de distintos colores, incluso varias que se presentarán como las genuinas representantes de un determinado país o territorio, además de las afines a cada partido político implicado en la tarea. Este descalabro producirá la aparición de “reyezuelos” que se creerán los únicos y verdaderos gobernadores del “conjunto del colectivo” y los mejores interlocutores ante las instituciones públicas catalanas.

Sobre la referencia que hace Sala a la inmigración de los años sesenta y setenta mi experiencia indica que entre 1960–1970, las  casas regionales existentes en Cataluña dependían directamente del Movimiento Nacional, partido único que sostenía a la dictadura franquista. La prohibición de los partidos políticos democráticos desde 1939, obligaba a éstos a trabajar en la clandestinidad, unas condiciones de riesgo enorme que podía comportar para los militantes tortura y cárcel. El ser clandestino filtraba y muy pocas personas dieron el paso de “jugarse la vida” y por tanto no es cierto que en Cataluña las organizaciones políticas en la clandestinidad se plantearan ayudar o crear casas regionales. No conozco ningún documento de la infinidad de grupos, grupúsculos, comités, organizaciones, partidos de la época, en que se teorice sobre la conveniencia de impulsar organismos en función del lugar de nacimiento de los recién llegados.

Otra cuestión es la aparición del movimiento de las asociaciones de vecinos que sí tuvieron un papel relevante en las luchas por la mejora de las condiciones de vida de los barrios. No tengo constancia de que ninguna asociación de vecinos le pidiera a nadie saber donde había nacido y mucho menos plantear acciones en función del origen. En las asociaciones de vecinos sí existía infiltración de militantes antifranquistas que, aprovechando la ley promulgada por Fraga Iribarne en 1964, realizaban un trabajo de impulso a las reivindicaciones para resolver lo que en cada barrio o zona era la necesidad más acuciante. La relación entre las asociaciones de vecinos, las de antes y las de ahora, con las casas regionales, las de antes y las de ahora, fueron y son inexistentes.

Entre 1970–1980 tuvieron bastante auge las peñas flamencas que se implantaron en Barcelona y el territorio metropolitano nacidas también al amparo de la ley Fraga. Casi todas las figuras del cante disponían de una peña de admiradores que impulsaban la proyección del artista y donde se realizaban actividades de promoción de la cultura flamenca. Participé en primera persona en la historia de las peñas flamencas de Cataluña. En el noventa y nueve por ciento de los casos tampoco los militantes políticos de la clandestinidad se plantearon ningún tipo de infiltración. Si alguien dice lo contrario que exponga los casos que conozca. Durante la década del 70 al 80 las peñas flamencas iban por un lado y las casas regionales de sabor andaluz por otro. Además, en muchos casos, el enfrentamiento era evidente por motivos que iban desde la pureza del cante hondo que defendían las peñas flamencas, frente a la alegría que desprende parte del folklore andaluz que daba luz a las casas regionales, hasta el personalismo que ejercía el presidente de cada entidad, lo fuera de una peña o de una casa regional.

A principios de 1980 la mayoría de peñas flamencas se enfrentan a un declive del que no logran reponerse. Actualmente en Cataluña mantienen una actividad regular sólo cuatro: la peña flamenca Antonio Mairena de l’Hospitalet de Llobrergat, la Tertulia de Badalona, la peña flamenca de Manlleu y la antigua de Cerdanyola, que ahora actúa con otra denominación, Casa de Andalucía. Esta es la versión que intenta acercarse a la verdad.

Al mismo tiempo y paralelamente a este proceso, se multiplican el número de casas regionales en Barcelona, su área metropolitana y otros territorios de Cataluña. Así se consolida la apuesta de los partidos políticos democráticos en los primeros años de los ochenta. Ya se habían celebrado las primeras elecciones libres al Congreso de los Diputados (1977), las de los municipios (1979) y las del Parlamento de Cataluña (1980). Los analistas y estrategas de los partidos políticos optan por potenciar a unas entidades “suaves” en sus planteamientos y que están más cerca del ocio y el entretenimiento que de la cultura. Dicho esto con el máximo respeto hacia las personas de buena voluntad que trabajan en cada una de las agrupaciones con denominación de origen. Otra cuestión son los intereses que se han tejido entre los partidos políticos, las instituciones públicas que  potencian mediante subvenciones a las entidades de carácter andaluz, los presidentes de las mismas y los dirigentes de las dos federaciones, la FAC y la FECAC.

Principiando el siglo XXI se consolidan las casas regionales pero aparece con ímpetu otro movimiento, el de los centros y hermandades rocieras (entidades impulsadas por el colectivo Crisol del PSC). Una plataforma que a veces choca con los intereses de la Iglesia católica por no haber nacido al amparo de los estatutos de la misma, pero que confluye a la hora de manifestarse en  plazas y calles de las poblaciones donde la suma de centro y hermandad, provoca la proliferación de procesiones por semana santa que ni en tiempos de Franco habían existido en Cataluña. Este apunte que quede como dato y también como la intuición de la deriva que supone que el alcalde o alcaldesa se pasee presidiendo la procesión católica junto al sacerdote de la parroquia y el hermano mayor de la hermandad.

Cambiando el tercio nos referiremos al delirio de las afirmaciones de García Prieto. Ahora resulta que el presidente de la FECAC reivindica a las entidades federadas como centros de información y acogida de lo que conocemos como “nueva emigración”. Debe ser que habla de oído. En algún lugar le han debido adiestrar para que cambie su tradicional discurso. Es posible que se exprese así por no estar al frente de ninguna entidad de “sabor andaluz”. Ser presidente de la superestructura no le obliga a estar en la base. Si se diera un volteo de vez en cuando o hablara con los socios de las entidades que forman parte de su propia federación, se daría cuenta que está muy lejos de la realidad y que sus palabras son tan huecas como un huevo huero.

Las entidades “andaluzas” de Cataluña jamás se han planteado ser consejeras de nadie, menuda responsabilidad. Ponemos en duda, de que por mucha experiencia migratoria que tengamos los desplazados de Andalucía, tengamos que encargarnos de realizar con cierta garantía trabajos propios de los profesionales que ya lo están haciendo y contratados por las Administraciones Públicas. Menuda contradicción la de García Prieto entre lo que predica en el libro y practica en la Feria de Abril de este año: prohibición total de la música que él considera impropia de una fiesta genuinamente andaluza, es decir, o sevillanas o nada. En la rueda de prensa de presentación de la feria 2009 manifestó claramente que en las tres ediciones anteriores la participación de casetas de “carácter latinoamericano” con su ambiente y sus músicas habían distorsionado el espíritu de siempre. Por tanto, vuelta a los orígenes. Una muy buena lección de asesoramiento y acogida para nuestros amigos del otro lado del Atlántico.

Otro aspecto que raya con el alucine es la referencia de García Prieto al reivindicar el cambio efectuado en las entidades: “hemos pasado de ser peñas flamencas a ser centros cívicos”. No repetiremos el discurso de las peñas ya que con anterioridad hemos realizado el histórico de las mismas y la falta de sintonía con otros modelos de asociacionismo relacionado con “el mundo andaluz en Cataluña”. Raya el surrealismo la seguridad con que el presidente de la FECAC asegura que las entidades son centros cívicos. Si esto lo hubieran sabido los alcaldes democráticos le habrían ahorrado a las arcas públicas un buen montón de dinero. El desvarío puede ser simpático cuando se está de broma en las francachelas de los amigos. Al prestar tu voz a los autores de un libro debes procurar ser honesto en tus comentarios.

Las veremos más gruesas y a la altura de un campanario. Tiempo al tiempo…

Lluís Cabrera
Presidente de Altres Andalusos

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